Cemento cubano: extranjeros operan una planta en terrenos ajenos

Una demanda judicial en España ha sacado a la luz documentos que indican que una firma gigante suiza invirtió en una planta de cemento en Cuba a pesar de advertencias de que el acuerdo podria violar las leyes de Estados Unidos porque la planta está ubicada en terrenos confiscados por Fidel Castro a ciudadanos estadounidenses.

“La inversión de Holderbank en la propiedad de Cienfuegos constituiría claramente ‘tráfico’ de propiedades confiscadas bajo el Título IV de Helms-Burton”, escribieron abogados estadounidenses contratados para asesorar a Holderbank, que ahora se llama Holcim y es la mayor compañía cementera del mundo.

El acuerdo para remozar y administrar la planta se llevó a cabo en el 2000, pero la inversión se puso a nombre de una serie de empresas en España, los Países Bajos y Panamá para distanciar a Holcim de la inversión, de acuerdo con una docena de documentos presentados en la demanda.

Holcim, cuyo website afirma que es la mayor suministradora de cemento en Estados Unidos, dijo no tener inversión alguna en Cuba. “Holcim no es propietaria de empresa alguna ni de acciones en empresa alguna en Cuba”, dijo el portavoz en Zurich, Eike Christian Meuter, la semana pasada.

Los documentos judiciales, obtenidos por El Nuevo Herald, son parte de una demanda del 2011 entre tres firmas españolas. Firebrick SA y Acedos Trading alegan que Inversiones Ibersuizas les debe más de $2 millones de una vieja inversión en Cuba.

La demanda nota que Acedos unió sus fuerzas con Ibersuizas en el 2000 en un intento por entrar al mercado de la construcción de viviendas en Cuba.

El intento falló, pero Ibersuizas propuso después a Holderbank establecer una sociedad 50-50 con Cuba para mejorar y administrar la planta de cemento Carlos Marx en Cienfuegos, según mostraron los documentos. La firma suiza proporcionaría capital, pericia técnica y gestión, de acuerdo con uno de los documentos.

Una carta del 1 de julio del 2000 a Ibersuizas firmada por Marcos Portal, entonces ministro de la Industria Básica de Cuba, afirmaba que La Habana había aceptado “la oferta presentada por Ibersuizas-Holderbank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx”.

Un mes antes, el bufete Arnold &Porter en Washington dio una señal de alerta luego de ser contratada para asesorar a Holderbank “con relación al riesgo bajo las leyes estadounidenses” si la firma suiza invertía en la planta de Cienfuegos y otra en Santiago de Cuba, en el oriente del país.

El proyecto de Cienfuegos representaba un “riesgo significativo e inmediato” bajo la ley federal de 1996 Helms-Burton porque la planta residía en terrenos confiscados a ciudadanos estadounidenses, escribió el bufete en un fax a Holderbank. La inversión de Santiago probablemente no tendría problemas.

En el proyecto de Cienfuegos, “la única manera factible para que Holderbank minimice estos riesgos es llegar a un acuerdo negociado” con los ciudadanos estadounidenses que habían sido propietarios de los terrenos, agregó el fax, fechado el 12 de junio del 2000 y parte de los documentos judiciales.

Según la ley Helms-Burton, Estados Unidos le puede negar visas a extranjeros – así como sus cónyuges e hijos – que “trafiquen” en dichas propiedades. La planta Carlos Marx está ubicada en el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston.

El fax agregó que ya se había negado la visa a ejecutivos de tres empresas extranjeras bajo la ley: Sherritt International en Canadá, Grupo Domos en México y B.M. Group en Israel. Otras diez compañías se retiraron de posibles acuerdos con Cuba para evitar arriesgarse a cometer violaciones.

Ibersuizas creó una firma española, Las Pailas de Cemento, en el 2000 que pagó $70 millones a Cuba por el 50 por ciento de la empresa conjunta, Cementos Cienfuegos. Holderbank controlaba el proyecto a través de una empresa panameña, Windward Overseas, y un sofisticado mecanismo de opción de compra y venta de acciones conocido como put, según mostraron los documentos judiciales.

El acuerdo empezó a resquebrajarse en el 2004, cuando el presidente de Ibersuizas Luis Chicharro se quejó en carta a Holcim de que la inversión estaba teniendo problemas porque la compañía suiza “había asumido toda la gestión” y estaba tomando malas decisiones.

“Ibersuizas tiene la conviccion de que cuando nos introdujimos en el proyecto nuestra retribución tenía dos elementos: el pago en metálico y el put”, escribió Chicharro en la carta, la cual es parte de los documentos judiciales. “El put se esta quedando sin valor prácticamente alguno”.

La carta agregó que los problemas “pueden ser contraproducentes para la propia Holcim”, una referencia aparente a una ley de la Unión Europea concebida para proteger a las compañías europeas de la Ley Helms-Burton. Suiza no es parte de la Unión Europea.

“La protección que una compañía española otorga a la inversión… está perdiendo su naturaleza, y va a ser muy difícil que, en caso de problemas, las autoridades europeas y española … [la] protejan frente a las americanas”, escribió Chicharro.

Pocos meses después, el bufete Zuckerman Spaeder en Washington escribió a Ibersuizas diciendo que estaba al tanto de “la estructura de la participación accionaria oculta de Holcim en Las Pailas” y planteando la posibilidad de un acuerdo monetario con la familia Claflin.

William H. Claflin IV, asesor de inversiones de Boston involucrado en las reclamaciones de la familia acerca de los terrenos en Cuba, dijo que un bufete estadounidense lo contactó en el 2004 y dijo que tenía un cliente que podría gestionar un acuerdo entre la familia y Holcim, a cambio de una parte del dinero.

Otros miembros de la familia no quisieron el acuerdo, de modo que nada ocurrió, dijo Claflin a el Nuevo Herald. La familia tiene todavía una reclamación por $11 millones sobre el terreno en Cuba, reconocido en 1969 por la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de EEUU.

Ibersuizas rechazó las propuestas de Zuckerman Spaeder, pero en cuestión de meses empezó a mover sus acciones en Las Pailas por medio de otras compañías en España y los Países Bajos, según los documentos judiciales.

En el 2005, se reportó que había vendido las acciones por alrededor de $65 millones a Apollo 200, identificada en los documentos judiciales como una firma española controlada por Chicharro y otros tres conocidos directivos de Ibersuizas.

Se reportó en el 2009 que Holcim tenía más de 80,000 trabajadores en 70 países alrededor del mundo, y se estimaba sus ventas en aproximadamente $35,000 millones. Su principal oficina en EEUU está en Miami, cuyos directivos no respondieron a las solicitudes de el Nuevo Herald para hacerr comentarios al respecto.

Desde el 2004, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, la cual se ocupa de poner en efecto el embargo estadounidense a Cuba, ha puesto multas por un total de más de $1,250 millones a compañías extranjeras por violar las leyes y regulaciones de EEUU.

Entre las empresas sancionadas están dos bancos suizos y uno de los Países Bajos.