Las empresas del metal disparan las alarmas
En el metal no sólo se está produciendo una elevada pérdida de empleos, sino que ya se ha iniciado una grave destrucción del tejido productivo con el cierre de numerosas empresas. Y cuando una empresa del metal cierra ya no vuelve a abrir». Esta es la advertencia lanzada por uno de los vicepresidentes de la patronal metalúrgica (Confemetal) Juan Ignacio Bartolomé, quien asegura: «España no podrá salir de la crisis sin un tejido empresarial como el de la industria metalúrgica, imprescindible para una fase de recuperación y, sobre todo, necesaria para un cambio de modelo productivo».
El desplome del 30,6% en la producción del sector del metal en el primer trimestre del año ha hecho saltar todas las alarmas. Esto se ha traducido en una fuerte destrucción de casi 180.000 empleos entre enero y marzo, respecto al mismo periodo del año pasado, una cifra parecida a la pérdida de puestos de todo 2008. Esto supone un ritmo de caída de la ocupación del 14,2%, más del doble de lo que cayó en el ejercicio anterior.
Los expedientes de regulación de empleo, de uso habitual en la industria del motor -donde afectaron a 66.000 personas en el primer trimestre-, ya se han contagiado con virulencia al resto de empresas del metal, con más de 26.00 afectados.
«Y lo peor de todo es que no sabemos cuántas empresas más se pueden destruir», asegura Javier Ferrer, vicepresidente de esta patronal. De hecho, la demanda de acero, que es un indicador adelantado de la actividad, registra una caída nada alentadora de más del 40%.
Ante esta situación y debido a la parálisis «absoluta» de la mesa sobre industria del diálogo social, según denuncia Confemetal, esta patronal se ha propuesto convencer al Gobierno y al Parlamento para que echen un cable al sector. Para ello, esta organización, fundamental en la estructura de CEOE, ha elaborado un documento, que bajo el título El sector de metal, en grave riesgo, desarrolla un decálogo de medidas urgentes para frenar la destrucción del tejido productivo y apunta otra serie de reformas estructurales para el día después de la crisis económica.
Lo más urgente para Confemetal es reactivar la demanda, «mejorando las condiciones de acceso al crédito, y reduciendo el IRPF por la compra de determinados bienes». Además, reclaman ayudas específicas para aumentar la demanda de viviendas y automóviles. Igual que otros sectores, el metal reclama modificar la ley sobre morosidad para «agilizar sus lentos y costosos trámites», especialmente con las deudas de las administraciones públicas.
En cuanto a la financiación, las empresas reclaman acuerdos con bancos y cajas, que obliguen a las entidades a diferenciar entre empresas con dificultades y las compañías insolventes. Igualmente sugieren que el ICO cree una red de actuación propia, sin las entidades financieras como intermediarios.
En materia tributaria piden ampliar y flexibilizar el abono del IVA; eliminar los intereses de demora de los aplazamientos de pagos; ampliar las deducciones en I+D+i y rebajar el impuesto de sociedades, sin los límites anunciados recientemente por el Gobierno. Finalmente, Confemetal exige menos dificultades en los aplazamientos de pago a la Seguridad Social, que según denuncian, «en la práctica no son tan fáciles de conseguir». Para el día después de la crisis.
Los empresarios del metal temen que la crisis suponga una segunda reconversión industrial por la vía forzosa, lo que reduciría el peso de la industria a su mínima expresión, tras la pérdida de más de medio millón de empleos estructurales desde finales de los años setenta. Por eso, piden reformas estructurales para el día siguiente al que se salga de la recesión:
Mercado laboral. El objetivo principal es favorecer la adaptación de las empresas a cada momento económico. Para eso, Confemetal reclama favorecer la movilidad funcional y geográfica e impulsar la contratación a tiempo parcial y el contrato fijo discontinuo. Y añaden actuaciones contra el absentismo.
Formación e I+D+i. En estos terrenos, las empresas metalúrgicas hacen hincapié en la mejora del tratamiento fiscal de la inversión en investigación; piden favorecer la colaboración público-privada y facilitar el contacto entre pymes e instituciones investigadoras. Igualmente, demandan mejorar «la cantidad y calidad de la formación de los trabajadores».
Energía y medio ambiente. Opinan que es «crucial» la mejora de la producción y suministro energético; así como la estabilidad del modelo regulatorio del sector eléctrico español, al tiempo que se defina el futuro energético apostando por la energía nuclear. Asimismo, exigen unidad de mercado normativa en materia medioambiental.